Por Gonzalo Gutiérrez Nicola: Hace mucho tiempo que el “software libre” ha alcanzado la madurez, y si bien el proceso de discusión sobre su adopción en la administración pública mantiene un retraso de años, éste ha ido ganando espacios de manera lenta pero sostenida en América Latina. Al principio solía verse a sus impulsores como locos, románticos y hasta fundamentalistas, una imagen que no es extraña a quienes llevan adelante propuestas que aún no cobran trascendencia pública (algo parecido pasaba con los ecologistas en los años 70).
Hoy en día la alternativa “libre” surge como un aspecto serio a considerar y prueba de ello es que existen gobiernos nacionales y locales que han decidido optar por esa vía, como recientemente lo ha hecho Venezuela. Es de esperar que otros sigan con el ejemplo, aunque aún no está claro que esto vaya a suceder. La discusión tiene implicancias sociales, políticas, económicas y filosóficas, pero es un requisito previo que se generen espacios públicos de discusión en torno a esta temática para que los argumentos puedan ser considerados en su verdadera dimensión. Pero antes de continuar detengámonos en algunos conceptos fundamentales.
Software libre en la administración pública:
La discusión en torno al software libre tiene uno de los puntos medulares en la administración pública. Si el software libre debe ser tenido en cuenta, esto no solo es debido a los beneficios que recaen sobre los usuarios individuales. La administración pública también se verá beneficiada adoptando la plataforma Linux y aquellos programas de código abierto que sean necesarios por parte de los sistemas informáticos de todas las dependencias estatales.
¿Si algo es gratis por qué pagar por ello? En esa cuestión reside uno de los puntos fuertes del software libre, sobre todo visto desde este lugar del mundo. Pero los argumentos van mucho más allá de esto, existen cinco argumentos principales para que un país adopte el software libre en la administración pública y se mencionan a continuación:
1) Argumento macroeconómico. Se estima que la adquisición de un sistema operativo más un paquete de oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 800 dólares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años. Los países del tercer mundo, con las carencias de recursos que cuentan, no pueden darse el lujo de transferir semejantes cifras de dinero al exterior. Máxime cuando se trata de gastos que pueden evitarse. El gasto en sistemas operativos por parte del Estado es un gasto que sencillamente puede evitarse pasándose a Linux, que es un sistema operativo que es gratis. Lo mismo vale decir para las distintas aplicaciones finales, como los paquetes de oficina, bases de datos, navegadores, clientes de correo electrónico, entre otras.
2) Seguridad. Contrariamente a lo que puede pensarse, el hecho de hacer públicos los códigos de los programas no va en contra de la seguridad de los mismos sino que la favorece. Utilizando software libre se puede saber qué está haciendo realmente un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software propietario oculta estos aspectos y muchas veces no sabemos qué información está enviando a otras computadoras remotas. La transferencia de información reservada puede ser debida a fallas o errores contenidos en los programas o porque así lo hicieron intencionalmente sus fabricantes.
3) Autonomía tecnológica. Adoptando el software libre y con las posibilidades que éste ofrece de acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser desarrolladores de software. Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo de software libre. La autonomía tecnológica debe estar vinculada al concepto de estándares abiertos, que consisten en especificaciones técnicas que son publicadas por una organización y puestas a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en aplicaciones específicas, lo cual favorece la interoperatividad entre las distintas aplicaciones.
4) Independencia de proveedores. Adquiriendo un software propietario generamos una relación de dependencia con respecto a un fabricante. Una vez que instalamos dicho software dependeremos del fabricante para obtener actualizaciones, y en la mayoría de los casos esas actualizaciones exigirán invertir más dinero aparte del que ya pagamos. Con una política de software libre, si el Estado paga por el desarrollo de un software exigirá que se le entregue el código fuente del mismo, con lo cual si en el futuro desea efectuarle modificaciones podrá optar por proporcionarle el código a otros desarrolladores para que las realicen.
5) Argumento democrático. Las nuevas tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central en la gran mayoría de las sociedades. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” es muy grande y en medio del actual modelo instaurado es un factor más de exclusión social. El software libre favorece la democratización de la información permitiendo la utilización de protocolos y lenguajes que no son propiedad ni monopolio de nadie. En este mismo argumento se sitúan la posibilidad de traducir el software a lenguas para las que no esté disponible en su origen, así como adaptarlo a las características propias de quienes serán los usuarios finales, antes que el usuario se adapte a las características que le impone el software.
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